En el contexto de la Ley de Delitos Económicos, la confidencialidad real, la protección frente a represalias, la investigación oportuna y el uso de la información en la gestión de riesgos distinguen a un canal de denuncias efectivo de uno que solo existe en el papel, según advierte Valeska Millacaris, Socia y Directora Senior Compliance de C&P Assurance Compliance.
El canal de denuncias dejó de ser un requisito formal dentro del Modelo de Prevención de Delitos (MPD) y pasó a ser una de las primeras señales de que el modelo opera en la práctica. Así lo plantea Valeska Millacaris, Socia y Directora Senior Compliance de C&P Assurance Compliance, quien identifica los errores más comunes en canales que “existen” pero no funcionan, y propone cómo las empresas pueden fortalecerlos para generar confianza real entre sus trabajadores.
Requisito formal a herramienta de gestión
Contar con un canal de denuncias no es una exigencia nueva. La Ley N° 20.393 ya lo contemplaba como parte de los MPD, pero con un alcance acotado. “En ese entonces el canal era visto principalmente como una herramienta para identificar posibles incumplimientos o conductas indebidas al interior de la organización”, explica Valeska.
Con la Ley de Delitos Económicos, ese rol cambió. “Más que un simple medio para recibir denuncias, el canal pasa a ser una herramienta clave para detectar oportunamente riesgos, promover una cultura de integridad y evidenciar que la organización cuenta con mecanismos efectivos para prevenir y reaccionar frente a eventuales irregularidades”, sostiene.
Canales que existen, pero no funcionan
Para la especialista, el error más frecuente es pensar que basta con implementar el canal. “En la práctica, muchas organizaciones cuentan con un canal implementado, pero no tienen un procedimiento de investigación claramente definido, no genera confianza o es poco conocido”, advierte.
Valeska Millacaris identifica cuatro brechas recurrentes y cómo abordarlas:
- Sin procedimiento de investigación. Las denuncias se reciben, pero no siempre existen protocolos formales para analizarlas, investigarlas y darles seguimiento, con plazos definidos. Formalizar un procedimiento de investigación aprobado por la máxima autoridad y difundido a los responsables de su ejecución.
- Falta de confianza. Persiste el temor a que la identidad del denunciante sea revelada o a sufrir represalias. “Los mecanismos de confidencialidad y de denuncias anónimas por lo general existen. Así que implementaría o fortalecería la política de no represalias, comunicada a toda la organización”, señala.
- Canal poco conocido. Los trabajadores no saben cómo denunciar, qué situaciones reportar o dónde acceder al canal. La respuesta pasa por “incorporar campañas de difusión y capacitaciones periódicas que refuercen el uso y alcance del canal”.
- Sin lecciones aprendidas. Los resultados de los casos investigados no se comunican. La experta propone “compartir periódicamente tendencias, mejoras implementadas y lecciones aprendidas, resguardando siempre la confidencialidad de los involucrados”.
Confianza sin una ley de protección al denunciante
Chile no cuenta con una ley general de protección al denunciante en el sector privado, lo que traslada a las propias empresas la tarea de dar garantías. Para la Socia y Directora Senior Compliance, eso no se resuelve solo con documentos. “La confianza no se construye únicamente mediante políticas o procedimientos. Los trabajadores denuncian cuando perciben que la organización actúa de manera coherente frente a los incumplimientos, sin importar el cargo o nivel jerárquico de la persona involucrada”, afirma.
Entre las prácticas que considera clave están el tono desde la alta dirección, con un directorio y una gerencia que promuevan activamente la integridad; consecuencias visibles, para que las personas comprueben que las denuncias se investigan y generan acciones concretas; trato equitativo, aplicando el mismo estándar a trabajadores, ejecutivos y directivos; retroalimentación al denunciante sobre el avance del proceso cuando corresponda, y la comunicación de resultados agregados y lecciones aprendidas. “En definitiva, las personas denuncian cuando confían más en la respuesta de la organización que en el riesgo de guardar silencio”, resume Valeska.
MPD y Ley Karin: un solo punto de entrada
La convivencia entre denuncias por delitos del MPD y denuncias por acoso bajo la Ley Karin es otra de las preguntas frecuentes en las empresas. Según Valeska, “La tendencia es contar con un único punto de entrada para el denunciante, pero con procesos de derivación y tratamiento diferenciados según la naturaleza del caso”.
¿Qué debe observar el directorio?
A la hora de evaluar la efectividad del canal, la especialista recomienda a los directorios mirar más allá del volumen. “Los indicadores deberían enfocarse no solo en la cantidad de denuncias recibidas, sino también en la confianza, oportunidad y efectividad del proceso. Un canal con cero denuncias no necesariamente es un éxito. Incluso podría ser una señal de desconfianza o desconocimiento por parte de los colaboradores”, advierte.
Por eso, sugiere un seguimiento periódico de métricas como denuncias recibidas versus cerradas, tiempo promedio de investigación y medidas correctivas implementadas, ya que “Permiten evaluar si el canal está siendo efectivamente utilizado y gestionado”.
Para quienes quieran ir un paso más allá, propone un readiness assessment basado en la norma ISO 37002, sobre sistemas de gestión de denuncias de irregularidades. Este tipo de evaluación explica, “Permite identificar brechas y oportunidades de mejora en aspectos como gobernanza, confidencialidad, protección del denunciante, gestión de investigaciones y monitoreo continuo, entregando una visión más integral sobre la efectividad del sistema”.
Un canal vivo
El mensaje de fondo es claro. La experiencia internacional demuestra que la efectividad de un canal de denuncias no se mide por su existencia formal. El Department of Justice (DOJ) de Estados Unidos considera que un canal es efectivo cuando los trabajadores confían en él, pueden denunciar incluso de forma anónima, están protegidos frente a represalias y las denuncias generan investigaciones y acciones concretas.