La tercera edición del Índice de Integridad en Gobierno Corporativo, elaborado por Fundación Generación Empresarial (FGE) y el Centro Futuros Empresariales de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), registró un promedio de 53,1 puntos sobre 100, siete menos que en 2025 y casi 13 por debajo de la primera medición de 2024. La dimensión peor evaluada fue la de entorno, evaluación y seguimiento, que obtuvo apenas 12,6 de los 33,3 puntos posibles.
El estudio, que mide en qué grado las organizaciones en Chile incorporan prácticas de integridad en sus gobiernos corporativos, basado en los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE/G20, consideró a 131 organizaciones, la muestra más amplia desde su creación. De ellas, 84 (64%) quedaron en el tramo de desempeño bajo, 32 (24%) en el tramo medio y solo 15 (11%) alcanzaron el tramo alto.
Parte del retroceso se explica por la mayor presencia de empresas cerradas, que representan el 65% de la muestra y promediaron 48,2 puntos, frente a los 63,9 de las sociedades abiertas. Sin embargo, el deterioro también alcanzó a las organizaciones evaluadas de forma continua, por ejemplo, las 57 que participaron en 2025 y 2026 bajaron 1,8 puntos, y las 23 presentes en las tres ediciones pasaron de 70 puntos en 2024 a 62,3 en 2026. Es decir, el problema es la dificultad para sostener en el tiempo las prácticas de integridad ya implementadas.
Tener las herramientas no es lo mismo que usarlas
El índice evalúa tres dimensiones. Principios de Mercado (ética, libre competencia y transparencia) obtuvo el mejor resultado con 21,4 de 33,3 puntos, seguida por Funcionamiento y Estructura del Gobierno Corporativo, con 19,1. La tercera, Vinculación con el Entorno, Evaluación y Seguimiento, quedó muy por detrás, con 12,6 puntos.
Las cifras revelan una brecha entre lo declarado y lo verificado. El 90% de las organizaciones cuenta con un código de ética que regula los conflictos de interés, el 89% tiene políticas para prevenir la corrupción y el 84% dispone de un canal público de denuncias. Pero cuando se mira la supervisión efectiva, los porcentajes caen. Aunque el 68% incorpora riesgos ambientales y climáticos en su matriz de riesgos, solo el 43% reporta que el directorio revisa con frecuencia el cumplimiento de esos compromisos, y apenas el 35% informa a sus accionistas sobre su desempeño y controversias socioambientales.
Las prácticas que distinguen a las organizaciones mejor evaluadas apuntan precisamente a la inducción formal de nuevos directores, uso de criterios de materialidad para priorizar riesgos, reuniones del directorio con auditoría interna sin la presencia del gerente general y evaluación del cumplimiento de las políticas de integridad.
Autorregulación con evidencia
Consultadas sobre cómo cerrar las brechas, el 38% de las organizaciones optó por fortalecer la autorregulación y los códigos voluntarios, frente a un 14% que prefirió mayores exigencias de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Entre las normas recientes, la Ley de Delitos Económicos fue la mejor valorada: el 54,8% considera que contribuyó mucho o totalmente a fortalecer los gobiernos corporativos.
¿Dónde fallan los modelos de prevención?
Los resultados dialogan directamente con el estándar que hoy rige para los modelos de prevención de delitos. Tras la reforma introducida por la Ley de Delitos Económicos a la Ley N° 20.393, no basta con que el modelo exista en el papel, sino que debe estar efectivamente implementado, y la normativa contempla su evaluación periódica, incluida la de terceros independientes. Un modelo con código de ética, políticas y canal de denuncias, pero sin seguimiento ni evaluación de su funcionamiento, es justamente el tipo de brecha que el índice identifica como la más extendida.
El Índice FGE–UAI confirma que la integridad corporativa no se agota en adoptar políticas, sino que exige medir, revisar y corregir de forma permanente. Para C&P Assurance Compliance, este diagnóstico refuerza que la evaluación independiente y el seguimiento sistemático de los modelos de prevención son la vía para que las organizaciones pasen de un cumplimiento declarativo a uno verificable, y para que sus directorios cuenten con información confiable al momento de supervisar los riesgos que enfrenta la empresa.
Documento disponible para descargar: 3° Índice de Integridad en Gobiernos Corporativos 2026.
