Expertos en Modelos de Prevención de Delitos
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Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley Nº 19.913)

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¿En qué consiste?

Evaluación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo la revisión de matrices de riesgo, controles, procesos de debida diligencia y conocimiento de clientes. También considera la revisión de los mecanismos de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas, junto con la identificación de brechas y la elaboración de planes de mejora.

Nuestra experiencia

Contamos con una sólida trayectoria en auditorías de Modelos de Prevención de Delitos (Ley N° 20.393), lo que nos ha permitido desarrollar un enfoque riguroso, metodológico y basado en la trazabilidad de evidencias y controles.

Además, nuestro equipo cuenta con formación y certificaciones específicas en materia de investigaciones, cumplimiento normativo y acoso laboral/sexual, lo que garantiza un trabajo técnicamente sólido y alineado con las exigencias legales vigentes.

¿Por qué es importante?

Cumplimiento legal: Evita sanciones, multas o riesgos reputacionales derivados de investigaciones internas deficientes.
Imparcialidad: Un tercero independiente asegura procesos libres de sesgos y conflictos de interés.
Confianza organizacional: Trabajadores y sindicatos perciben mayor transparencia y credibilidad en la resolución de los casos.
Protección reputacional: Manejo profesional de denuncias sensibles que impactan en la cultura y el clima laboral.

Beneficios de externalizar con C&P

Objetividad garantizada: Evita que la empresa “investigue sobre sí misma”.

Metodología probada: Procesos estructurados, confidenciales y con trazabilidad en cada etapa.

Rapidez y eficiencia: Respuesta oportuna que permite cumplir con los plazos establecidos por la Ley Karin.

Confidencialidad absoluta: Protección de la información y de todas las partes involucradas.

Enfoque humano, técnico y con perspectiva de género: Resguardamos los derechos tanto de denunciantes como denunciados, aplicando principios de debido proceso, equidad y sensibilidad de género en cada etapa de la investigación.

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